Los Agentes Forestales en la CM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se reunió el pasado 22 de enero en la Real Casa de Correos con responsables y representantes sindicales del Cuerpo de Agentes Forestales.

La presidenta ha manifestado su apoyo al trabajo que desarrollan los agentes forestales en la CM y ha tomado nota de las propuestas de los mismos en relación a la posible renovación y ampliación de la plantilla de agentes.

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En España, los agentes forestales realizan una labor fundamental frente a la infracción y el delito medioambientales. De hecho tienen otorgado el carácter de agentes de la autoridad y de policía administrativa especial, así como la consideración de policía judicial genérica en virtud de la Ley de Montes estatal. A pesar de ello, el colectivo sufre reiteradamente amenazas y agresiones.

Aunque el articulo 148 de la Constitución determina que las competencias en Medio Ambiente están trasferidas a las Comunidades Autónomas, sería fundamental establecer un marco jurídico para todos los agentes forestales del Estado español, un denominador común que homogeneice sus funciones y potestades, además de contemplar la inclusión de los Agentes Forestales y Medioambientales dentro de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como una policía específica medioambiental, al mismo nivel que el resto de policías del país. La modificación reciente de la Ley de Montes (Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre) no avanza precisamente en esta dirección.


En Madrid, el Cuerpo de Agentes Forestales padece un progresivo deterioro ya que desde hace muchos años no se han realizado nuevas oposiciones. Por otro lado, el colectivo está más desprotegido ante el cambio de estatus policial con la nueva Ley de Montes. Por ello los Agentes Forestales de Madrid vienen demandando la renovación y ampliación de la plantilla, así como su afianzamiento como policía forestal.

Por sentencia del Tribunal Constitucional del 22/10/15 se anuló la normativa aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en julio de 2007, normativa que prohibía a los agentes forestales acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada sin autorización judicial previa, salvo en caso de incendio. La sentencia estimó que la Comunidad de Madrid contradecía la normativa básica estatal que regula las facultades de la policía forestal.


 

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