Fondo público / uso privado

Captura1Aparte del ágil movimiento de la tarjeta Visa del Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva, siguen aflorando otras artimañas del anterior alcalde-presidente de Fresnedillas, Antonio Reguilón Botello, en relación al manejo poco escrupuloso de los fondos públicos municipales.

El actual equipo de gobierno ha descubierto que Antonio Reguilón alquiló, en representación del ayuntamiento, un local de su propiedad, incumpliendo el deber de abstención que impone el art. 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Aunque en apariencia constaba que el local había sido vendido previamente a la persona que figuraba como arrendadora en el contrato de alquiler, la realidad es que dicho local continuó siendo formalmente de Antonio Reguilón durante casi cuatro meses, desde el 1 de enero de 2010 (fecha de la firma del contrato de alquiler) hasta el 22 de abril de 2010 (fecha de venta a la persona arrendadora).

Por otro lado se sospecha que la persona arrendadora puede ser en un testaferro o persona interpuesta formalmente para ocultar al propietario real.

Por acuerdo plenario el ayuntamiento ha resuelto remitir al Tribunal de Cuentas copia testimoniada del expediente del contrato de arrendamiento del local, así como de la documentación de pago de su renta, por si tuviera lugar alguna responsabilidad de Antonio Reguilón Botello.


PROPUESTA DE ALCALDÍA
PRESUNTO ALCANCE DE FONDOS PÚBLICOS IMPUTABLE AL ANTERIOR ALCALDE D. ANTONIO REGUILÓN BOTELLO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Esta Alcaldía ha comprobado que el anterior Alcalde-Presidente procedió en fecha uno de enero de dos mil diez a la firma de contrato de arrendamiento del local sito en la Plaza de la Constitución nº 14 de Fresnedillas de la Oliva. Dicho contrato es otorgado por el Sr. Reguilón, en su calidad de Alcalde del Ayuntamiento, como arrendatario, y por Dª (protegido), como arrendadora. Sin embargo, se ha comprobado que en dicha fecha el Sr. Reguilón era el propietario del referido inmueble, puesto que no fue hasta el día veintidós de abril de dos mil diez que dicho señor otorgó contrato de compraventa del mismo a favor de la señora referida. De dicha forma, resulta claro que el Sr. Reguilón formalizó un contrato sobre un local de su propiedad, incumpliendo el deber de abstención que le imponía el art. 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en todo caso en claro beneficio de su persona al suponer una clara ventaja de cara a negociar la venta y su precio, puesto que si tenía pensado transmitir el mismo a la arrendadora ésta adquiría un bien arrendado a una administración pública por un precio elevado, lo que le garantizaba unos ingresos seguros. Por otra parte, resulta un hecho notorio que la adquirente del local señalado es la esposa de D. (protegido), socio del Sr. Reguilón en diversas empresas como (protegido). Todo ello lleva a sospechar que la misma pudiera ser una mera testaferro en la operación para ocultar que la propiedad siguiera residiendo en el Sr. Reguilón.
Y tampoco consta acreditado que el arrendamiento de dicho local fuera imprescindible para el Ayuntamiento, dado que actualmente los servicios municipales en ellos instalados se han trasladado al Ayuntamiento sin merma de su eficacia, y durante todo el tiempo durante el que duró el arrendamiento existían dependencias municipales que podían acoger dichos servicios.
Se pactó una renta de 800 € mensuales, comprometiéndose el Ayuntamiento a realizar a su costa las obras de adecuación del referido local, las cuales quedarían en beneficio del local a la extinción del arrendamiento. Dicha renta sufrió modificaciones a lo largo del tiempo que no consta se justificaran contractualmente. Igualmente, dicha renta se abonó de forma puntual durante el mandato del Sr. Reguilón, sin que la arrendadora padeciera las demoras en el cobro que el resto de proveedores municipales debieron soportar, en muchos casos con retrasos de años en el cobro, como consecuencia de la grave situación económica del Ayuntamiento. Todo ello denota el claro favorecimiento que recibió dicha señora, que adquirió un local cuyas obras de adecuación para hacerlo útil no tuvo que abonar, y con garantía de cobro sin retraso de una renta elevada, que le aseguraba ingresos constantes y seguros.
Establece el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, que el que por acción u omisión contraria a la Ley originare menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados, y el artículo 72 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, define el alcance contable como el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. Y a los mismos efectos, se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que esta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.
Es un deber ineludible de los distintos órganos municipales la defensa de los intereses de la Corporación, señalando al respecto el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que estarán legitimados para actuar ante la jurisdicción contable quienes tuvieran interés directo en el asunto o fueren titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso, añadiendo que las Administraciones públicas podrán ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal de Cuentas, sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que Impugnen. Por último dispone en artículo 49 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas que la jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público.
Por todo ello se propone la aprobación del siguiente ACUERDO:
Remitir al Tribunal de Cuentas copia testimoniada del expediente del contrato de arrendamiento del local sito en la Plaza de la Constitución nº 14 de Fresnedillas de la Oliva, así como toda la documentación contable referida al pago de la renta del referido local, por si de la misma se desprendiera responsabilidad contable del anterior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento D. Antonio Reguilón Botello u otras personas, personándose el Ayuntamiento en el procedimiento o procedimientos que se incoen por dicho Tribunal, ejerciendo las acciones que resulten pertinentes para el completo resarcimiento del Ayuntamiento, nombrando el Alcalde letrados y procuradores a tal fin.

 

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