Robledo de Chavela prohíbe grabar los plenos municipales

El pasado octubre, al PSOE de Robledo de Chavela le sorprendió el acta de un pleno en el que constaba una propuesta del equipo de gobierno del PP sobre los caminos públicos que nunca se realizó. «Eso nunca ocurrió, por eso pusimos una denuncia en el juzgado por falsedad documental», explica María Jose Quijada, portavoz socialista en la localidad, que lleva toda la legislatura pidiendo poder grabar los plenos del Consistorio, algo que el alcalde, del PP, no permite.

«No lo entendemos porque los plenos son públicos y en aras de la transparencia se deberían poder grabar para que los vecinos sepan qué es que lo que se trata y tengan una opinión propia; son por la mañana y los vecinos no pueden ir», señala Quijada, que insiste en que esta petición se justifica sobre todo porque «las actas no recogen fielmente lo que ocurre en los plenos».

Por ello, el PSOE ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo, que ha sido aceptado, en el que explica que el alcalde de Robledo «está vulnerando» el artículo 20 de la Constitución «que reconoce y protege el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».

Asimismo, recuerda que el artículo 88.2 del ROF señala que «para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión». En ese sentido, recuerda en su escrito que se puede encontrar jurisprudencia que incide en dicho sentido, «garantizando el derecho de los ciudadanos a grabar las sesiones plenarias, sin que el alcalde pueda ampararse en su facultad de policía para impedir dichas grabaciones».

Desde el PSM recuerdan que hay precedentes que hacen creer que el Defensor del Pueblo les dará la razón en Robledo. En 2012, un concejal socialista del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa resultó expulsado de la sesión plenaria cuando intentó grabar parte del pleno municipal. Tras haber solicitado en numerosas ocasiones al alcalde que le diera permiso para grabar y negándose éste en todos los casos, procedió a sacar su cámara y comenzó a grabar.

Tras recibir tres advertencias del alcalde para que apagara su cámara y negándose a hacerlo porque «estaba ejerciendo un derecho constitucional», el alcalde requirió a la Policía Municipal para que le expulsara del pleno. Tras la petición de amparo del citado edil al Defensor del Pueblo, éste envió al Ayuntamiento un escrito instándole a «autorizar y no obstaculizar la solicitud de grabación del desarrollo de las sesiones municipales que realice cualquier concejal en este Ayuntamiento».

Según el PSM, «queda claro para el Defensor del Pueblo que no sólo los periodistas tienen derecho a registrar las sesiones plenarias de los ayuntamientos sino que cualquier ciudadano o cargo público puede hacerlo indicando que se debe advertir a todos los participantes del pueblo que las sesiones pueden ser grabadas en formato sonoro y audiovisual, y que es posible que posteriormente se pueda proceder a su difusión». En Ambite, otro municipio gobernado por el PP, ocurrió algo similar cuando un vecino grabó un pleno. El Ayuntamiento le sancionó con dos supuestas faltas leves de alteración del orden público y tras recurrir al Defensor del Pueblo, el caso se ha paralizado.

«El Defensor del Pueblo ya se ha pronunciado al respecto en varios ayuntamientos», precisa Carmen Toledano, diputada del PSM, que considera que se «debe facilitar a los vecinos la información sobre los asuntos que les conciernen» para, entre otras cosas, «fomentar el interés vecinal sobre estas cuestiones». «Las administraciones deben estar al servicio de la ciudadanía y se tiene que facilitar la transparencia», concluye Toledano.

FUENTE: EL MUNDO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *