La derrota de la privatización

Antonio Miguel Carmona
(Diario Progresista)
Aún queda camino por recorrer pero ayer, créanme, fue un día feliz para aquellos que creemos en la sanidad universal y en la provisión pública de los servicios. Para aquellos que deseamos una democracia mejor y una sociedad más justa.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió devolver los siete recursos sobre la privatización de la Sanidad madrileña a sus respectivos juzgados.

Tras unos cuantos años tratando de desprestigiar y desahuciar a la sanidad pública, despidiendo trabajadores sanitarios o infrapresupuestando sus cometidos -todo ello con el objeto de ceder este servicio al ámbito privado-, los responsables de la sanidad madrileña decidieron privatizar una buena parte de nuestro sistema de salud.

Se encontraron con la firme oposición de los colectivos de los trabajadores sanitarios, de los pacientes, de la sociedad en su conjunto y del Partido Socialista de Madrid. Organizaciones que llevaron a los juzgados, por lo tanto, una privatización que hacía frontera con la corrupción.

Ya en los mismos juzgados estos lograron que se paralizara la externalización hasta que pudiera tomarse una decisión, auto o sentencia a este respecto.

El magistrado Martínez Tristán, aparentemente, trató de paralizar la suspensión del proceso privatizador, sospechosamente al mismo tiempo que era propuesto miembro del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular.

Para muchos se trataba de una cuestión en la que Martínez Tristán al menos se tenía que haber inhibido en vez de parecer juez y parte (nunca mejor dicho). Sin embargo, el que hizo el gesto de dimitir como senador fue Tomás Gómez, quien como secretario general de los socialistas madrileños no podía admitir que se votara a favor de un magistrado recusado por la organización que él dirigía.

Gesto que le honraba y que le valió el aplauso de la mayoría de los ciudadanos. No bastando con ello, recusación de Martínez Tristán incluida, se trata de oponernos a un proceso que, ni había sido incluido en el programa electoral del PP, ni tiene cabida en la Constitución.

Martínez Tristán decidió reunir una sala para dirimir si había que levantar la suspensión de la privatización dictada por los juzgados. Sin embargo, esta vez la sala, con buen criterio, expresó ayer que no es quién debe decidir este extremo, sino cada uno de los Juzgados.

Pasarán a la historia, tanto los responsables actuales de la sanidad pública madrileña así como el resto de sujetos que les apoyan, cooptados o no, como reaccionarios y como torpes en cada uno de sus quehaceres.

Se hablará de ellos como aquellos que fueron derrotados cuando se disponían a desmantelar el sistema público de salud. O les veremos, como a sus antecesores, prestando sus servicios en las empresas privadas que tratan de hacerse con el negocio de la sanidad pública.

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