La Comunidad, condenada a pagar 40 millones por el auditorio de San Lorenzo

El auditorio de San Lorenzo de El Escorial, que iba a convertir a este municipio de la sierra en el Salzburgo madrileño (ciudad europeael escorial de la música clásica por excelencia), según anunció en 1999 el expresidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ha terminado siendo un pozo sin fondo para el actual Gobierno. De deudas. El Tribunal Supremo ha confirmado que la Comunidad de Madrid tendrá que abonar al antiguo propietario de los terrenos donde se levanta el teatro 30,4 millones de euros por la expropiación, en vez de los 1,9 millones que ofrecía el Ejecutivo. Además, deberá pagar los intereses legales desde que se inició la obra, por lo que la factura final se acercará a los 40 millones. El Gobierno de Ignacio González no sabe de dónde sacar el dinero, pero asegura que pagará.

Las discrepancias entre la Comunidad y los propietarios del suelo datan de 1999, cuando se determinó el justiprecio del suelo. Pero es que, además, los sobrecostes y los retrasos han perseguido al edificio desde sus inicios. Los 29,6 millones previstos para su construcción se transformaron en 40 (un incremento del 33%), cifra a la que hubo que añadir otros 25 millones del equipamiento escénico. Los plazos de entrega tampoco se respetaron. No obstante, el macroteatro, de granito gallego y fractura moderna, levantado muy cerca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, acabó abriendo sus puertas en julio de 2006, con cuatro años de retraso. Hoy en día, apenas tiene actividad.

Fuentes del Gobierno regional indican que se “acatará la sentencia, como no podía ser de otra manera, y se procederá en breve al pago de la cantidad estimada por el juez”. Aunque también recuerdan que se trata de una decisión que proviene de un Gobierno anterior. Era la época de Alberto Ruiz-Gallardón, que presentó el auditorio como una de sus grandes apuestas culturales. Pretendía convertirlo en la sede de un festival que sería un día “tan importante en España como el de Salzburgo es para Centroeuropa”, declaró en noviembre de 2000, en el acto de colocación de la primera piedra.

En ese momento ya se conocían las discrepancias con la sociedad propietaria de la finca, Euroforum Torrealta, que no estaba de acuerdo ni con la edificabilidad, ni con el uso urbanístico, ni con la valoración de las construcciones y del arbolado a la que habían llegado para el terreno de 7.526 metros cuadrados.

De hecho, en 2002 la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la evaluación efectuada por el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa. La espera se alargó seis años. Finalmente, en enero de 2008, la justicia les dio la razón.

La sentencia desmonta las alegaciones de la Comunidad de Madrid que justifican la valoración inicial de 1,9 millones. Y confirmó que la edificabilidad del suelo era de 13.000 metros cuadrados construidos, como mantenía la propiedad y las normas subsidiarias del municipio, no los 10.000 que aseguraba el Gobierno regional.

El uso urbanístico del suelo, pieza fundamental para determinar el valor de un terreno, entró también en litigio. La demandante consideraba que debía ser el previsto en el planeamiento vigente en el momento en el que se aprobó la expropiación, y no cuando se ejecutase el proyecto. Según las normas, en el momento de la expropiación el uso era dotacional y se permitía como complementarios el residencial, público comercial y aprovechamiento lucrativo: es decir, mucho más caro que simplemente dotacional.

El TSJM dictaminó en este punto a favor de la empresa. En cuanto al valor de las construcciones existentes en la finca en el momento de la expropiación, se consideró correcto el cálculo de la Comunidad de 39.915 euros. Pero el tribunal decidió, además, encargar a un ingeniero de Montes la estimación del coste del arbolado, al no ofrecer ninguna de las partes un estudio adecuado. Los ejemplares se tasaron en 153.048 euros. Una suma de conceptos (valor del suelo, construcciones y arbolado) que dio la cifra final de 30,4 millones. Más intereses legales. En la actualidad, los intereses legales están en el 4%, por lo que la factura final se acercará a los 40 millones.

Tras conocer la inicial sentencia condenatoria, la Comunidad de Madrid, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo “para intentar evitar el abono de un importe tan elevado”. Pero el Supremo ha desestimado finalmente las pretensiones del Gobierno de Ignacio González y ratificado la decisión condenatoria del tribunal superior. Como reconocen fuentes de la Comunidad, “la sentencia del Tribunal Supremo no deja lugar a dudas”.

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