Que me quede como estoy

El artículo de hoy es largo, muy largo. Probablemente, demasiado largo para un blog, pero no soy capaz de resumir en pocas líneas un problema tan grande como el intento por hacer desaparecer la equidad del sistema sanitario, así que os pido un esfuerzo por llegar hasta el final, que creo merece la pena.

Desde que gobierna Esperanza Aguirre la sanidad es un caos. Primero, ha deteriorado la atención en los hospitales: La mitad está a medio abrir y la otra mitad a medio cerrar. Ahora, va a por la atención primaria, es decir, a por el médico de familia y los pediatras, en definitiva, a por los pacientes.

He pedido en numerosas ocasiones a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo vuelvo a hacer ahora, que no elabore más leyes ni apruebe más medidas en materia sanitaria, porque aún estamos a tiempo de recuperar la sanidad madrileña a partir de 2011. En realidad, la capacidad que ha demostrado el gobierno conservador para legislar deja mucho que desear así que casi mejor, dado el resultado, que no toque nada más.

Sin embargo, se empeña en seguir equivocándose. Ahora se trata de una nueva ley para los centros de salud. Una ley que sacan en pleno verano, intentando que pase desapercibida. Y cuando alguien intenta ocultar algo, podemos imaginar los motivos…

Los cambios que quieren introducir tienen mucho calado y repercusión en los servicios sanitarios y, como siempre, el Gobierno Regional vuelve a engañar en sus slogans. Dice que el proyecto de ley es para la “libertad de elección” de médico y el “área única” sanitaria para “poder elegir centro sanitario”.

Dos valores son esenciales y, desde luego, incuestionables en el sistema sanitario: la calidad y la equidad. Sin embargo, esta propuesta de ley supone algo absolutamente perverso: Con esta reforma de la ley se pone en riesgo la equidad. Bajo la mentira de la libertad de elección se deja sin garantizar el centro de salud cercano y bien gestionado. ¿De qué me sirve elegir médico si no puedo elegirlo cerca porque no lo hay?

Hasta la fecha, los servicios sanitarios se organizan por áreas sanitarias -de no más de 200.000 ó 250.000 ciudadanos cada una- y cada área debía dotarse de consultorios, centros de salud, especialidades, hospitales, etc. De manera que se asegurase el servicio sanitario a todos los ciudadanos con proximidad geográfica, con criterios de salud pública, como la edad de la población, así como criterios socioeconómicos o dispersión geográfica. Todo ello se realiza hasta la fecha sin perjuicio de la libre elección, que ya existe desde la Ley General Sanitaria de 1986, tanto para la atención primaria como para la especializada.

Pues bien, esta organización del sistema va a desaparecer. La Comunidad de Madrid cambia la ley para no estar obligada a dotar a cada área sanitaria de las infraestructuras mínimas, próximas geográficamente a los ciudadanos. Su modus operandi es sencillo; si ya no hay áreas de salud ya no hay que dotarlas de infraestructuras.

Con esta ley desaparece el espíritu de una parte importante del articulado de la Ley General de Sanidad, como el art. 58, que determina que los Consejos de Salud sean para 250.000 habitantes máximo, es decir, órganos gestionables y eficaces. Asimismo, desaparece el precepto que establece la necesidad de un Centro de Salud por cada 25.000 habitantes, con la suficiente dotación según las necesidades específicas de esos ciudadanos; algo que, de hecho, hoy ya no está cumpliendo el gobierno regional pues en muchos casos se duplica la población atendida en un centro de salud.

También arremete esta ley contra el artículo de la Ley General de Sanidad que da derecho a los ciudadanos a disponer de un Hospital General en el Área de Salud, es decir cada 250.000 habitantes máximo, así como a una red hospitalaria integrada.

La pregunta más importante es ¿Por qué hace todo esto Esperanza Aguirre?. La respuesta es tan sencilla como demoledora: Desmantelar el sistema sanitario público para su privatización por dos vías. La primera, estableciendo categorías de calidad de los centros de manera que los centros “peores” desaparezcan y sean sustituidos por centros privados. La segunda vía, desatendiendo las necesidades de los nuevos desarrollos urbanísticos para justificar que NO van a hacer más Centros de Salud ni nuevos Centros de Atención Especializada como debían en aplicación de la Ley. Es decir, un vecino de, por ejemplo, Sanchinarro, que tiene que llevar a su bebé a un barracón para que le vea un pediatra, probablemente preferirá contratar los servicios de algún seguro privado, en el caso de que pueda permitírselo, ya que la Sanidad Pública será de ínfima calidad.

Lo que necesita la Sanidad madrileña son más recursos, más centros de salud, más hospitales, más centros de alta resolución y de especialidades. ¿Cómo es posible que haya un millón más de personas viviendo en Madrid y un 23% menos de camas hospitalarias, a pesar de los tan publicitados nuevos hospitales?

Algo también importante y que quiero resaltar, es el ataque a los profesionales de la sanidad que supone esta Ley. La tarea de un gobierno no puede ser generar desconfianza entre pacientes y profesionales, no puede ser intentar que algunos centros de salud disminuyan su número de pacientes para justificar la contratación de los servicios privados. La tarea de un gobierno es asegurar centros de salud cercanos a los ciudadanos y de calidad, todos ellos de calidad, no unos buenos y otros malos.


Si la sanidad madrileña sigue en pie es gracias a sus profesionales que, por otro lado, han sido permanentemente atacados por el gobierno del PP. Todos tenemos en mente el caso del Severo Ochoa, con sus médicos injustamente criminalizados y ahora absueltos.

Y eso me lleva a recordar a todos esos profesionales que están saliendo estos días a la calle para defender a una enfermera de 23 años, que tuvo la fatalidad de tener que atender en su primer día en la UCI de Neonatos del Gregorio Marañón al pequeño Rayán.

Ha sucedido algo muy grave con este caso. Todo apunta a que el gobierno del PP quiere saldar el dramático suceso identificando como único responsable a los profesionales, en este caso a una enfermera. Sin embargo, ha habido otros casos similares en la región. Es evidente que esto no se debe sólo al error de un profesional; el sistema falla porque carece de la organización y los recursos necesarios.

Lo que realmente ocurre es que existen enormes problemas de gestión que este caso pone de manifiesto:

– Escasa dotación de personal, mala gestión de personal con muchos eventuales, profesionales de enfermería que pasan por muchos servicios en pocos días, falta de identificación de los profesionales con el servicio en el que están, etc.

– Mala gestión de la organización en la que un profesional de UCI tiene que salir a atender una urgencia fuera, vulneración de los protocolos y procedimientos a seguir, mala gestión de los medicamentos a administrar a los pacientes, etc.

– En definitiva, la sanidad en Madrid es un caos. No hay un modelo de sistema sanitario, no hay racionalidad en la política sanitaria y no hay sistemas de control basados en los usuarios del sistema de salud.

Creo firmemente en las posibilidades de la sanidad pública, creo en sus magníficos profesionales y creo en el trabajo que hemos de hacer juntos para mejorar cada día, de modo que los ciudadanos se puedan volver a sentir orgullosos y confiados en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Vamos a luchar intensamente para que esta situación cambie, porque los madrileños no deberían tener que esperar a 2011 para poder ser atendidos por una Sanidad Pública de calidad, aunque las negativas del Partido Popular por escuchar nuestras propuestas aseguran el cambio, que se merecen los madrileños, para 2011.

Mientras tanto, virgencita, virgencita que me quede como estoy…

Del Blog de Tomás Gómez, Secretario General del PSM

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